Alejandro Arco

La Asociación de Internautas ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Gobierno que regula el canon digital, al entender que esta medida “es contraria a varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y de la Constitución Española”, según informó el jueves en un comunicado.

La aplicación del canon digital comenzó el pasado 1 de julio, con la entrada en vigor de la normativa por la que se regulan los soportes digitales sujetos al pago del canon por copia privada. Esta medida afecta a la relación de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales (entre otros CD, DVD, MP3, MP4 y teléfonos móviles).

En el recurso, la organización señala que esta tarifa supone “una vulneración de los artículos 25 y 31 de la LPI, referidos a la compensación equitativa por copia privada y reproducciones provisionales”.

Asimismo, afirma que es contraria a cinco artículos de la Constitución (legalidad, la libertad de empresa, la defensa de la productividad, la protección cultural y la regulación de las organizaciones profesionales).

El texto también indica que “la cuantía del procedimiento es indeterminada, ya que su objeto se refiere a una situación de hecho en la que los datos de base para un cálculo mínimamente razonable son del todo inaccesibles para esta parte”.

Las cuantías fijadas por el canon son, entre otras, para los CD de 0,17 euros; para DVD, 0,44; para los teléfonos móviles con reproductor de música, 1,1 euros; y para los reproductores MP3 y MP4 de 3,15 euros por unidad.

Fuente: El Mundo

La Comisión Europea obligó hoy a la Sociedad General de Autores (SGAE) y a otras 23 sociedades de gestión colectiva de derechos de autor de la UE a eliminar las restricciones territoriales que imponen en sus contratos de venta de licencias para difundir música por Internet, por cable o por satélite. Estas restricciones impiden que un usuario comercial, por ejemplo una televisión por satélite, pueda obtener una licencia que cubra varios Estados miembros y le obligan a negociar con la sociedad nacional de cada Estado miembro.

El Ejecutivo comunitario exigió además que se supriman las cláusulas que impiden a los autores escoger una sociedad de gestión de derechos distinta a la de su Estado miembro. Ambos tipos de cláusulas vulneran, según Bruselas, la legislación comunitaria que prohíbe los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas. Pese a este incumplimiento, la Comisión decidió no imponer una multa a las sociedades de gestión de derechos sino únicamente obligarles a cambiar sus prácticas.

Bruselas lanzó la investigación sobre este caso a raíz de las denuncias presentadas por el grupo de radiodifusión luxemburgués RTL y del proveedor británico de música por Internet Music Choice.

El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, explicó que esta decisión permitirá que los usuarios comerciales puedan obtener de una sociedad de gestión licencias para más de un Estado miembro. Ello supondrá un impulso para la difusión de música por satélite, cable e Internet, según destacó la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.

El Ejecutivo comunitario aseguró que la decisión “beneficiará mucho” a los autores porque les permitirá acudir a la sociedad de gestión que les garantice el mejor trato y sea más eficiente. Las sociedades de gestión deberán así competir entre ellas en cuanto a la calidad de sus servicios y el nivel de gastos administrativos que aplican, según la Comisión.

Pero el portavoz insistió en que en ningún caso se cuestiona el derecho de estas sociedades de fijar en su propio territorio el nivel de royalties que percibirán los músicos. Bruselas tampoco pretende socavar el principio de gestión colectiva por los derechos.

La Alianza de Compositores y Autores Musicales –que representa entre otros a Paul McCartney, Mark Knofler, Benny Anderson (Abba) o a los Bee Gees– criticó la decisión de Bruselas por considerar que afectará negativamente a los ingresos que reciben los músicos al destruir el sistema actual, que permite a sus sociedades de gestión cobrar los royalties más allá de sus fronteras. Los autores aseguraron además que se trata de un ataque a la diversidad cultural porque sólo se beneficia a los usuarios multinacionales y se perjudica a las discográficas independientes y a sus autores.

Por su parte, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que agrupa a todas las sociedades de gestión europeas, lamentó también la decisión de Bruselas porque a su juicio “conducirá inevitablemente a una fragmentación catastrófica del repertorio y por lo tanto a una incertidumbre legal para los usuarios de música* y en ningún caso beneficiará a los creadores.

Fuente: Noticias.com